Madrid gasta unos 7000 € por cada menor no acompañado
La Comunidad de Madrid ha incrementado un 1.566 % el número de MENAs tutelados entre 2019 y 2025.
La Comunidad de Madrid ha multiplicado por quince el número de menores extranjeros no acompañados (MENAs) bajo su tutela en apenas seis años. Según publicó La Vanguardia, en 2019 había 600 menores acogidos en Madrid. A 1 de abril de 2025, ya son 9.999, según los datos oficiales recogidos por El Debate, que detalla un flujo migratorio constante y creciente año tras año.
Este incremento de 1.566 % ha ido acompañado de un gasto público cada vez más elevado. En 2024, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso invirtió 62,7 millones de euros en la atención a los menores. Esta cifra incluye manutención, alojamiento, gestión de centros y apertura de nuevas instalaciones. Si se reparte este gasto entre el total de menores tutelados, el coste público se sitúa en 6.919 euros por menor.
En tres meses de 2025, casi tantos menores como todo en 2021
Sólo entre enero y marzo de 2025, Madrid ha recibido 937 menores extranjeros no acompañados, casi igualando los 996 que llegaron durante todo el 2021. Este dato evidencia una aceleración preocupante en el ritmo de llegadas, haciendo prever que la cifra anual podría superar con creces la de los últimos años si se mantiene esta tendencia.
El 2022 había sido hasta ahora el año con mayor afluencia, con 2.842 menores, pero en 2024 también registró un fuerte incremento, llegando a los 2.442 menores acogidos. La tendencia de los últimos años es desigual, pero claramente creciente en términos globales. Éste es el balance anual de llegadas:
- 2020: 822 llegadas | 1.422 menores acumulados
- 2021: 996 llegadas | 2.418 menores acumulados
- 2022: 2.842 llegadas | 5.260 menores acumulados
- 2023: 1.360 llegadas | 6.620 menores acumulados
- 2024: 2.442 llegadas | 9.062 menores acumulados
- 2025 (hasta marzo): 937 llegadas | 9.999 menores acumulados
Crisis estructural y falta de consenso
La evolución demuestra que la red de acogida no sólo ha tenido que absorber picos puntuales de llegadas, sino mantener bajo tutela una carga acumulativa de casi 10.000 menores. Esta presión ha hecho que, según El Debate, los centros de atención estén en el 132 % de su capacidad.
En paralelo, el conflicto institucional ha ido en aumento. La Comunidad de Madrid acusa al Gobierno de hacer repartos forzosos y unilaterales de menores provenientes de Canarias y Ceuta, sin consultar previamente a las comunidades. La respuesta ha sido un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el Real Decreto-ley que regula esta distribución. El acuerdo para el traslado de más de 4.400 menores, pactado entre el PSOE y Junts, agitó también el debate político dentro de las propias filas de la izquierda, con críticas desde Podemos.
Más allá de las cifras y siglas, lo que Madrid tiene por delante es un reto social de gran envergadura: acoger, proteger e integrar a miles de jóvenes vulnerables mientras el marco legal e institucional se encuentra inmerso en un clima de tensión y falta de coordinación. Y ese desajuste entre el volumen de menores y la respuesta política no hace más que agravar una crisis que ya es, claramente, estructural.
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