Indignación en Viena por una familia inmigrante que ingresa 9000 € al mes en ayudas sociales
Una familia de Siria en Viena (Austria) con 11 hijos causa debate público por cobrar cada mes 9000 €, además de otras ayudas por vivienda y educación.
Una familia siria residente en Viena, formada por dos adultos y once hijos, recibe mensualmente 9.000 € en ayudas públicas, según informa Remix News citando datos del diario austríaco Kronen Zeitung. Estas prestaciones incluyen 6.000€ en ayudas básicas y 3.000€ en subsidios familiares, además de otros beneficios como la asistencia por la vivienda.
Este caso ha generado una ola de indignación en Austria, especialmente entre los partidos de centroderecha y derecha, que consideran que estas cantidades son desproporcionadas e injustas hacia los contribuyentes austríacos.El partido en el poder en Austria (la ÖVP) que lo hace posible también ha mostrado indignación.
Reacciones políticas y sociales
Peter Hacker, concejal de Bienestar Social de Viena y miembro del Partido Socialdemócrata (SPÖ), ha calificado este caso como una "anomalía". El miembro de este partido favorable a la inmigración ha destacado que el 58,1% de las familias que reciben ayudas básicas tienen sólo uno o dos hijos. Sin embargo, ha reconocido que la ciudad apoya a tres familias con once hijos y seis con diez hijos.
El Partido de la Libertad de Austria (FPÖ), de tendencia derechista, ha sido especialmente crítico: considera este caso como una “bofetada en la cara” de los austríacos que trabajan y contribuyen al sistema. El jefe del FPÖ de Viena, Dominik Nepp, dijo que el partido SPÖ de Viena, que dirige la ciudad, “seguiría lanzando billetes a los solicitantes de asilo social por no hacer nada“.
Los extranjeros en Austria son líderes en fraude social
La noticia estalla en un momento en el que las estadísticas oficiales revelan un dato inquietante: desde el año 2018, el 72% de los casos de fraude en las ayudas sociales detectados en Austria han sido cometidos por personas extranjeras. Esta cifra ha alimentado la percepción pública de que el sistema de bienestar puede estar siendo explotado.
El gobierno austríaco ha anunciado que está estudiando cómo corregir esta situación. Sin embargo, las opciones legales y la voluntad política son limitadas.
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