Juntos pretende que le voten prohibir el burka sin sanciones con una ley que incluye el control de fronteras y el DNI
Tras votar en contra de prohibir el burka porque lo proponía VOX, ahora Junts presenta una ley sin sanciones, con excepciones y que incluye que Catalunya controle fronteras, emita el DNI y deporte a personas.
La danza del burka
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El Congreso de los Diputados votará el próximo martes 14 de abril la proposición de ley de Junts per Catalunya para prohibir el burka. El texto, que se puede consultar en la web del Congreso, llega dos meses después de votar en contra de prohibir el burka porque la propuesta era de Vox. La ley rechazada el 17 de febrero, que proponía prohibir el burka y el niqab con multas de hasta 30.000€ y la posible expulsión del país, sólo tuvo el apoyo de PP, VOX y UPN. Juntos dijo entonces que estaba a favor de prohibir tapar la cara de las mujeres y que lo demostraría proponiendo una ley propia contra el burka y el niqab.
En ese debate, Junts creó el lema “ni burka ni Vox” y lo ha ido repitiendo para justificar el rechazo a iniciativas impulsadas por otros partidoss. Este argumento es el mismo que utilizó la concejala Carme León en Barcelona para justificar el voto en contra de una propuesta del PP. Además, va añadir que este tipo de medidas "se deben hacer en Madrid"“ y no en el ámbito municipal. Esta línea permite al partido rechazar iniciativas concretas mientras mantiene el discurso de encabezar la prohibición del burka en el Congreso.
Ahora, la ley que propone Junts plantea prohibir el burka pero también la cesión a la Generalitat de competencias estatales en materia de seguridad, control de fronteras e identificación de personas. En concreto, el texto prevé transferir facultades en el control fronterizo -incluida la devolución de extranjeros-, la gestión de la seguridad en puertos y aeropuertos y la emisión de documentos oficiales como el DNI, el pasaporte o el NIE.
Juntos propone prohibir el burka sin sanciones
La norma establece la prohibición de llevar el rostro cubierto en espacios públicos pero no concreta ninguna sanción ni consecuencia si se incumple. El texto se limita a reiterar la obligación de identificarse ante la autoridad, facultad que ya existe en la normativa vigente y que no supone ningún cambio sustancial. El resultado es que la ley de Junts no introduce nada que garantice la aplicación de la ley.
El redactado de la ley de Junts deja claro que no se dirige contra ninguna religión en particular y que parte del reconocimiento de la libertad religiosa. Al mismo tiempo, incorpora un amplio abanico de excepciones: quedan fuera de la prohibición los casos de salud debidamente acreditados, las obligaciones laborales o de seguridad, así como su uso en actividades culturales, festivas o tradicionales. Este planteamiento amplía considerablemente los supuestos en los que se puede llevar a la mujer tapada e introduce márgenes de interpretación sobre cuándo la prohibición es aplicable o no. El mismo texto subraya que la medida se concibe como una "medida de protección de derechos, no como una sanción moral"“, una definición que refuerza el carácter declarativo de la propuesta y deja abierta la interpretación sobre su alcance real.
Esta línea encaja con el posicionamiento habitual de Junts que defiende que piezas como el hiyab, el burka o el niqab no se pueden considerar estrictamente religiosas y que la forma de vestir forma parte del ámbito de los derechos y libertades individuales. En este sentido, el partido ha insistido en que no le corresponde decidir cómo viste cada uno. En esta línea, Jordi Turull afirmó el mes de mayo en RAC1 que “"el velo islámico no tiene nada que ver con la religión"”. Este enfoque y el miedo a que «los musulmanes no sean independentistas», como dijeron en el Parlament, permiten a Junts plantear la regulación evitando un conflicto directo con el islam.
Fluchez contra el burka y máximo detalle con las fronteras
La proposición de ley dedica una disposición adicional entera a la cesión de competencias a la Generalidad en materia de seguridad e identificación de personas, un nivel de detalle que contrasta con la simplicidad con la que se regula el burka. El texto plantea que el Gobierno central formalice esta transferencia de forma inmediata, convirtiéndola en una de las piezas centrales de la iniciativa.
La ley prevé también transferir la gestión de la seguridad en puertos y aeropuertos, así como la capacidad de emitir documentos oficiales de identificación como el DNI, el pasaporte o el NIE desde la administración catalana. Se trata de un conjunto de competencias de alto nivel que afectan a elementos clave de la soberanía administrativa y del control estatal.
En este contexto, la propuesta sitúa a PP y Vox ante un escenario poco habitual: para aprobar la prohibición del burka, deberían apoyar una cesión de competencias en inmigración y seguridad que han rechazado reiteradamente. La iniciativa plantea así una combinación difícil de sostener políticamente, puesto que vincula una medida que estos partidos defienden con una transferencia de poder que consideran inaceptable.
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