Kazajistán empieza a multar a las mujeres que lleven burka o niqab
La ley contra los velos faciales se aprobó en verano, pero no existían sanciones. Hasta ahora la hacían cumplir sobre todo los centros comerciales que impedían la entrada a personas con el rostro cubierto.
El Parlamento de Kazajistán ha aprobado en segunda lectura una reforma legal que establece multas por llevar niqab o cualquier pieza que cubra el rostro y dificulte su identificación en espacios públicos. Aunque la prohibición ya se había introducido en el verano del 2025, su aplicación práctica había recaído sobre todo en los centros comerciales y otras empresas privadas, que colocaban carteles en las entradas advirtiendo que no se podía acceder con el rostro cubierto. Hasta ahora no existía un régimen sancionador claro y la norma funcionaba a través de medidas preventivas adoptadas por el sector privado, pero con la nueva ley el gobierno consolida la prohibición y fija por primera vez penalizaciones económicas para los reincidentes. La aprobación de este cambio, recogida por The Times of Central Asia y disponible aquí.
Primero un aviso, después multa
La reforma incorpora un sistema de penalizaciones paulatina. En una primera infracción, la persona recibirá únicamente un aviso oficial. En caso de reincidencia, se impondrá una multa de 78 dólares, que se elevará a 86 dólares a partir de 2026. El texto establece que la sanción se aplicará a cualquier individuo que lleve piezas que oculten completamente el rostro e impidan la identificación en espacios públicos, incluyendo el niqab y el burka, pero también otras coberturas faciales no religiosas. Por el contrario, piezas como el hiyab, la sheila o el khimar, que dejan la cara descubierta, siguen siendo plenamente legales. Con esta estructura, el gobierno dota a la prohibición de un instrumento punitivo que hasta ahora no existía y refuerza la voluntad de controlar el uso de coberturas faciales en espacios abiertos al público.
La prohibición del niqab y el burka en Kazajistán no es un fenómeno aislado, sino parte de una dinámica regional cada vez más visible: Uzbekistán y Tayikistán también ilegaliza el burka y el niqab argumentando que estas piezas no forman parte de la cultura nacional y que su uso se asocia con influencias extranjerass. Lo más decidido es Kirguistán que organiza redadas policiales por multar a mujeres con burka o niqab y hacer afeitar a hombres barbudos.
Un país enfrentado a signos crecientes de islamización social
La introducción de estas sanciones coincide con un momento de intenso debate sobre el papel de la religión en la sociedad kazaja. A pesar de la tradición laica del Estado, en los últimos años se han observado indicios de una islamización sutil, pero persistente, que preocupa tanto a las autoridades como a determinados sectores sociales. El episodio que tuvo mayor repercusión fue la difusión de una fotografía donde aparecían niñas con burka sosteniendo una bandera kazaja con inscripciones en alfabeto árabe. El diputado Yermurat Bapi advirtió que no se trataba de un simple acto provocador, sino de un “desafío a la sociedad, al estado ya las tradiciones nacionales”. Bapi, que ya había defendido el veto al niqab y al hiyab en espacios públicos, insistió en que la reacción política era imprescindible para evitar el arraigo de movimientos más radicales.
En las redes sociales, grupos que promueven un proyecto de califato centroasiático han intensificado las críticas contra las tradiciones locales, han despreciado celebraciones como el Nauryz y han cuestionado elementos esenciales de la cultura preislámica. Este ruido digital, aunque minoritario, ha contribuido a hacer más visible la creciente tensión entre el modelo de islam que el Estado quiere preservar —moderado, culturalmente integrado y bajo supervisión institucional— y la aparición de corrientes más rígidas y transnacionales.
El Estado refuerza el control institucional de la religión
Kazajistán, al igual que el resto de Asia Central, estructura la vida religiosa a través de un organismo centralizado, la Administración Espiritual de los Musulmanes de Kazajistán (DUMK), que regula la actividad de las mezquitas y valida la formación y el nombramiento de los imanes. Aunque el país garantiza formalmente la libertad religiosa, la supervisión estatal es estrecha y pretende evitar la proliferación de movimientos no alineados con la tradición hanafín, considerada la base del “modelo islámico nacional”.
Sin embargo, la religiosidad está en fase de expansión, especialmente entre la juventud y las regiones del sur, donde aumenta el número de mezquitas y peregrinos. Algunos analistas señalan que personas educadas en centros islámicos extranjeros o vinculadas a ONG religiosas han empezado a ocupar posiciones de influencia, lo que ha generado debate sobre una posible penetración de un “islam político suave” en las instituciones públicas.
En este contexto, la introducción de un régimen sancionador no es sólo una medida administrativa destinada a aclarar una norma existente, sino un mensaje político: el Estado no renuncia al control del espacio público ni a su carácter secular. Lo que hasta ahora aplicaban los centros comerciales como prevención pasa ahora a tener el sello institucional del gobierno, convirtiéndose en pieza de una estrategia más amplia para reforzar la identidad nacional y contener presiones religiosas percibidas como externalizadas o desestabilizadoras.
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