Hacen un libro para explicar que el control en las mezquitas de Catalunya es «racismo institucional«
Según el libro La radicalización del racismo, el plan PRODERAI para vigilar mezquitas en Catalunya convierte prácticas religiosas cotidianas en sospechosas.
En 2019, las investigadoras Ainhoa Nadia Douhaibi y Salma Amazian publicaron el libro La radicalización del racismo. Islamofobia de Estado y prevención antiterrorista (Ed. Cambalache). Su obra parte de una pregunta incómoda: ¿qué se esconde detrás de los protocolos oficiales de prevención de la radicalización islámica? La respuesta de las autoras es islamofobia y racismo.
Su tesis es clara: lo que se presenta como “prevención” y “detección de radicalización” es en realidad un dispositivo racista. El punto de partida es el PRODERAI (Protocolo de Detección, Prevención e Intervención de procesos de Radicalización Islamista), activado después de los atentados del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils.
El libro es una crítica al plan PRODERAI por controlar a mezquitas, escuelas, prisiones y servicios sociales implementado tras los atentados de los chicos de Ripoll en Barcelona y Cambrils. Lo que delata el libro es que efectivamente se vigila a la comunidad musulmana para detectar procesos de radicalización que podrían culminar con un ataque terrorista.
Mezquitas bajo vigilancia permanente
La vigilancia más visible se produce en las mezquitas y oratorios. Lo explica L'Informe sobre islamofobia en Catalunya 2021 (SOS Racismo) hecho por una de las autoras del libro y financiado la Open Society de Soros. En este informe se denuncia la presencia constante de patrullas policiales alrededor de mezquitas y oratorios musulmanes. Los testigos son claros: en horas de oración, especialmente los viernes al mediodía o al amanecer durante el Ramadán, coches de policía se aparcan frente a las mezquitas y se hacen identificaciones selectivas a personas que entran o salen.
Para Salma Amazian este despliegue genera un doble mensaje: la mezquita no es sólo un espacio religioso, sino un lugar bajo sospecha. Según explica el informe, algunas mezquitas han quedado prácticamente vacías porque la gente prefiere no ser vista allí.
Vigilar las mezquitas es «control racista»
El libro La radicalización del racismo dice del PRODERAI que es un instrumento que mezcla religión y seguridad y termina estigmatizando prácticas religiosas normales: llevar barba, rezar, comer halal o llevar hiyab. El libro explica que esta mirada no es neutra ni técnica, sino un reflejo de prejuicios y de lógicas de control racistas.
"Cuando el Estado despliega mecanismos de vigilancia que asocian el islam con la radicalización, no sólo se previenen posibles casos de violencia, sino que se extiende la sospecha a toda la comunidad musulmana. Esto es racismo institucional." (Douhaibi & Amazian, 2019)
Muchas mezquitas han instalado cámaras de seguridad. Oficialmente, por motivos de protección, pero con la conciencia de que las grabaciones pueden ser requeridas por los Mossos. Esta situación genera un clima de control y autocensura. Los imanes saben que cualquier expresión crítica puede ser interpretada fuera de contexto y convertirse en un motivo de investigación. Un testimonio recogido en el libro dice:
“Cuando hablo en el jutba sé que no sólo me escucha a la comunidad, también me escuchan fuera. Vigilo cada palabra, porque cualquier frase puede ser utilizada contra nosotros.” (Douhaibi & Amazian, 2019)
Presión directa sobre los imanes y expulsiones
El control policial sobre mezquitas y líderes religiosos no sólo se traduce en vigilancia, sino también en expulsiones administrativas. Cuando un imán o un miembro activo de la comunidad es considerado "problemático", puede recibir un expediente de expulsión mediante la Ley de extranjería. Las autoras ven un mensaje: quien no colabora, quien no se muestra "leal" en el Estado, puede ser expulsado.
Según elInforme sobre Islamofobia en España (2021), la legislación antiterrorista y la legislación migratoria operan de forma conjunta. La Ley de extranjería permite expulsar a personas consideradas un “peligro para la seguridad nacional”, aunque no exista ninguna condena judicial.
Debate en la comunidad musulmana
Esta realidad genera un debate complejo dentro de las propias comunidades musulmanas. Según el informe de SOS Racismo financiado por la fundación de George Soros y el libro La radicalización del racismo, a menudo los afectados por expedientes de expulsión son imanes de orientación salafista. Esto hace que, en algunos casos, otras asociaciones y federaciones islámicas validen su expulsión o, al menos, no opongan resistencia.
Un miembro de una federación admitía en privado:
"No nos gusta el discurso salafista porque es rígido y genera tensiones. Cuando el Estado los expulsa, mucha gente lo ve como un alivio." (Douhaibi & Amazian, 2019)
Esta situación genera lo que Douhaibi y Amazian describen como una especie de colaboración tácita: mientras la administración usa la Ley de extranjería para apartar imanes incómodos, determinados sectores de la comunidad miran hacia otro lado porque tampoco se sienten representados por estos líderes religiosos.
Para las autoras, el Estado consigue dividir la comunidad: unos musulmanes ven las expulsiones como una protección, mientras que otros las viven como un ataque. Lo que no explican las investigadoras es que incluso es la comunidad que alerta a los Mossos de discursos salafistas: es el caso de un expulsado que se postulaba como imán en Olot pero le rechazaron y denunciaron por radical.
La propuesta de las autoras es no hacer nada
Las autoras insisten en que la mejor respuesta del Estado debería ser no intervenir, porque cualquier acción policial o administrativa sobre las comunidades musulmanas se basa en prejuicios y refuerza la idea de que el islam es sospechoso. Recuerdan que muchos de los detenidos en operaciones antiterroristas terminan siendo absueltos por falta de pruebas. Según Douhaibi y Amazian, esto demuestra que el sistema de "detección de radicalización" no funciona, y que en realidad sólo sirve para legitimar el racismo institucional. Las autoras concluyen que este despliegue no previene el terrorismo, sino que construye la imagen del musulmán como enemigo interior, normalizando la sospecha y cronificando la islamofobia.
Asimismo, el libro deja constancia de que sí existe una vigilancia activa y sistemática sobre las mezquitas y los musulmanes en Catalunya. La presencia policial en los oratorios, la presión sobre los imanes, las expulsiones con la Ley de extranjería y la recopilación de indicadores de “radicalización” en escuelas y prisiones muestran que el Estado ha convertido a la fe musulmana en un asunto de seguridad. Incluso demuestran que la propia comunidad que no quiere saber nada de discursos radicales está satisfecha e incluso colabora activamente.
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