ERC creía en el 2019 que el islam en las escuelas es contrario a la identidad catalana
Los musulmanes denunciaron al conseller Bargalló por islamofobia cuando expresó desacuerdo con la enseñanza de la religión islámica en las escuelas catalanas.
En 2019 estalló un conflicto político y social intenso en torno al papel de la religión islámica en las escuelas de Cataluña. Cuenta La Vanguardia del 25 de noviembre de 2019, que el consejero de Educación de la Generalitat, Josep Bargalló (ERC), expresó públicamente que no quería una enseñanza confesional de religión islámica en los centros educativos.Es más: advirtió de las implicaciones sobre la identidad catalana y el equilibrio entre religiones.
“Yo no quiero enseñanza confesional de religión islámica“
La denuncia que presentaron los musulmanes se sustentaba en una grabación (y su transcripción) de una sesión celebrada el 17 de noviembre con profesores de religión católica. El acto estaba organizado por la entidad sindical “JunTS – Docentes de Religión de Catalunya”, en la que Bargalló dijo claramente “Yo no quiero enseñanza confesional de religión islámica en las escuelas de Cataluña, y con el actual marco normativo, si no llegamos a un acuerdo al respecto, en general, nos vemos abocados“.
En esa reunión, el conseller defendió el proyecto de introducir en las escuelas una nueva asignatura llamada Cultura de las Religiones, pensada para ser impartida por profesores de religión católica y destinada a sustituir a las clases de religión confesional que se ofrecían hasta entonces. El problema para implementar la propuesta eran los acuerdos de España con el Islam y otras religiones.
El conseller, que puso como ejemplo el caso de Torredembarra, se mostró convencido de que las escuelas acabarían ofreciendo más clases de religión islámica que de católica, ya que las familias musulmanas inscribirían a sus hijos en la asignatura optativa de religión, mientras que muchas familias católicas, a pesar de ser mayoritarias en la población, no lo harían. “Qué cara nos quedaría a todos a la hora de defender la identidad que decimos defender?”, preguntó hasta dos veces.
La identidad nacional catalana y el islam
Uno de los puntos más sensibles de la polémica es la idea de que Bargalló expresó que el islam estaría en contradicción con la identidad catalana. Entonces, si se reconoce al islam como religión legítima dentro del sistema escolar, se pone en cuestión una concepción identitaria que implícitamente excluye a la religión musulmana.
La denuncia interpreta que este discurso constituye un relato de discriminación simbólica: afirmar que la religión musulmana no "encaja" con la catalanidad, o que su expansión sería una amenaza para la identidad, es un discurso excluyente que puede generar estigmas y reforzar la islamofobia. Esta forma de discurso, si se difunde públicamente desde un cargo institucional, puede conectarse con definiciones legales de discurso de odio.
Para las comunidades musulmanas este tipo de planteamiento indica una resistencia institucional a reconocer al islam como parte legítima del pluralismo religioso catalán.
El recuerdo de los terroristas de Ripoll
Bargalló explicó que había ido a Ripoll a principios de septiembre para hablar del pacto educativo. En esa ocasión, según él, la prensa destacó la cantidad de peticiones que había en Ripoll para realizar una asignatura confesional que no era la católica. De este modo, sugirió que había demanda significativa para la enseñanza religiosa islámica en ese municipio, y que esto intensificaba el problema del debate sobre qué religión debería permitirse en las escuelas.
Con ello, Bargalló vinculaba indirectamente a Ripoll como un ejemplo de lugar donde la comunidad musulmana reclamaba la enseñanza confesional islámica, lo que para algunos representaba una amenaza potencial a la "identidad catalana" que él consideraba predominantemente cristiana.
Denuncia no admitida e islam en las escuelas en el 2020
Por último, la denuncia presentada por la asociación Musulmanas contra la Islamofobia contra el consejero Josep Bargalló no fue admitida a trámite por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Pese al impacto mediático de las declaraciones y la polémica que generaron, el caso no prosperó judicialmente y Bargalló siguió al frente del Departament d'Educació.
Paralelamente, en 2020 Cataluña empezó a ofrecer clases de religión islámica en algunos centros educativos públicos, en el marco de un plan piloto impulsado por el Ministerio de Educación y la Comisión Islámica de España. La asignatura se implantó inicialmente en municipios como Barcelona, Gerona, Reus y Lérida, con docentes contratados específicamente para impartirla. Este paso situó a Cataluña entre las comunidades autónomas que, por primera vez, daban cumplimiento al acuerdo de cooperación de 1992 y reconocían de manera efectiva el derecho de las familias musulmanas a la enseñanza religiosa confesional.
Debate en la comunidad musulmana
Esta realidad genera un debate complejo dentro de las propias comunidades musulmanas. Según el informe de SOS Racismo financiado por la fundación de George Soros y el libro La radicalización del racismo, a menudo los afectados por expedientes de expulsión son imanes de orientación salafista. Esto hace que, en algunos casos, otras asociaciones y federaciones islámicas validen su expulsión o, al menos, no opongan resistencia.
Un miembro de una federación admitía en privado:
"No nos gusta el discurso salafista porque es rígido y genera tensiones. Cuando el Estado los expulsa, mucha gente lo ve como un alivio." (Douhaibi & Amazian, 2019)
Esta situación genera lo que Douhaibi y Amazian describen como una especie de colaboración tácita: mientras la administración usa la Ley de extranjería para apartar imanes incómodos, determinados sectores de la comunidad miran hacia otro lado porque tampoco se sienten representados por estos líderes religiosos.
Para las autoras, el Estado consigue dividir la comunidad: unos musulmanes ven las expulsiones como una protección, mientras que otros las viven como un ataque. Lo que no explican las investigadoras es que incluso es la comunidad que alerta a los Mossos de discursos salafistas: es el caso de un expulsado que se postulaba como imán en Olot pero le rechazaron y denunciaron por radical.
La propuesta de las autoras es no hacer nada
Las autoras insisten en que la mejor respuesta del Estado debería ser no intervenir, porque cualquier acción policial o administrativa sobre las comunidades musulmanas se basa en prejuicios y refuerza la idea de que el islam es sospechoso. Recuerdan que muchos de los detenidos en operaciones antiterroristas terminan siendo absueltos por falta de pruebas. Según Douhaibi y Amazian, esto demuestra que el sistema de "detección de radicalización" no funciona, y que en realidad sólo sirve para legitimar el racismo institucional. Las autoras concluyen que este despliegue no previene el terrorismo, sino que construye la imagen del musulmán como enemigo interior, normalizando la sospecha y cronificando la islamofobia.
Asimismo, el libro deja constancia de que sí existe una vigilancia activa y sistemática sobre las mezquitas y los musulmanes en Catalunya. La presencia policial en los oratorios, la presión sobre los imanes, las expulsiones con la Ley de extranjería y la recopilación de indicadores de “radicalización” en escuelas y prisiones muestran que el Estado ha convertido a la fe musulmana en un asunto de seguridad. Incluso demuestran que la propia comunidad que no quiere saber nada de discursos radicales está satisfecha e incluso colabora activamente.
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