Una yihadista confiesa a la justicia española… y mantiene el piso de protección oficial
Una peruana nacionalizada española admite ser yihadista en el juicio. Queda en libertad y podrá seguir viviendo en el piso de protección oficial.
Una mujer peruana con nacionalidad española residente Vitoria (Euskadi), ha aceptado esta semana un acuerdo con la Fiscalía de la Audiencia Nacional tras ser acusada de autoadoctrinamiento y autocapacitación con fines terroristas. Según ha avanzado El Correo, la sentencia no comportará ninguna medida que afecte a su residencia, lo que le permitirá continuar en la vivienda social donde vive con sus cuatro hijos. La mujer vistió con niqab durante todo el juicio.
Inicialmente, la Fiscalía pedía cinco años de cárcel, pero rebajó la petición tras la admisión de culpabilidad. Por último, se ha acordado una pena de un año de prisión -que no se cumplirá efectivamente- y tres años de inhabilitación para ejercer funciones educativas o públicas. El fiscal justificó el acuerdo por la colaboración de la mujer con la justicia y por su rechazo explícito al terrorismo.
Los investigadores requisaron más de 92.000 imágenes, 2.300 vídeos y más de un millar de audios con contenido relacionado con el islamismo radical. Durante la investigación se descubrió que gestionaba canales en aplicaciones de mensajería desde donde compartía vídeos, imágenes y audios extremistas, muchos en distintos idiomas.
Planes para viajar a Irak
La procesada fue detenida en septiembre de 2023 en una operación de la Guardia Civil por la difusión de propaganda del Estado Islámico y por la planificación de un viaje a Irak para unirse a la organización terrorista. Los investigadores también le acusaban de intentar adoctrinar a los hijos por mensajes suyos en los que expresaba el deseo de que los niños se convirtieran en combatientes. Su defensa alegó que estas declaraciones se hicieron en un "momento emocional" y que no reflejaban ninguna intención real.
En el momento de la detención, sus cuatro hijos menores de edad quedaron bajo la custodia del padre, que según las autoridades no estaba implicado en las actividades de la madre.
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