Italia planea prohibir el burka, las pruebas de virginidad, los matrimonios forzados y la financiación opaca de las mezquitas
Un nuevo proyecto de ley impulsado por el gobierno de Giorgia Meloni quiere regular prácticas consideradas "contrarias a la dignidad humana" y proteger la seguridad nacional.
El gobierno italiano ha presentado un proyecto de ley con el objetivo deevitar la formación de sociedades paralelas y garantizar que todas las comunidades religiosas actúen dentro del marco legal del Estado. La iniciativa se inscribe en un discurso de cohesión social y defensa de la seguridad ciudadana.
La idea de Giorgia Meloni es poner límites concretos a determinadas prácticas que, bajo el paraguas de la tradición cultural o religiosa, pueden acabar generando discriminación o incluso riesgos para la seguridad nacional. La ley tiene cuatro ejes principales: prohibición de velos faciales y pruebas de virginidad, mano dura contra los matrimonios forzados y prohibir la financiación opaca de las mezquitas.
Prohibición del burka y el niqab en el espacio público
El texto propone prohibir el velo integral (burka y niqab) en espacios públicos como escuelas, universidades, tiendas o edificios oficiales. El objetivo es doble: evitar riesgos de seguridad y promover la visibilidad, libertad y dignidad de las mujeres. Con esta prohibición se acabaría con situaciones como la del instituto de Montfalcone donde cada día deben identificar chicas con niqab para saber quiénes son.
La medida no afecta al hiyab, que sólo cubre el cabello. Las sanciones previstas oscilarían entre 300 y 3.000 euros para las infractoras.
Matrimonios forzados y pruebas de virginidad
El texto refuerza las leyes que castigan a los matrimonios forzados y introduce la coacción religiosa como circunstancia agravante. También se propone criminalizar las pruebas de virginidad, que quedarían prohibidas y castigadas con prisión.
El gobierno afirma que estas prácticas atentan contra la dignidad de la persona y constituyen actos culturales de imposición.
Control de la financiación religiosa
El proyecto establece nuevas reglas para las organizaciones religiosas no reconocidas oficialmente, como muchas mezquitas. Éstas tendrán que hacer públicas sus fuentes de financiación y no podrán recibir dinero de países o entidades que el gobierno considere una amenaza para la seguridad nacional.
El Ejecutivo argumenta que estas medidas son necesarias para evitar la influencia de corrientes radicales o extremistas a través de la financiación externa.
Quejas de los líderes musulmanes
Varios líderes musulmanes y organizaciones de derechos humanos han criticado con dureza el proyecto de ley presentado por el gobierno de Giorgia Meloni. Según estas voces, las medidas contra el burka y el niqab, la penalización de los matrimonios forzados o la prohibición de las pruebas de virginidad podrían generar estigmatización y limitar la libertad religiosa. también denuncian que el control sobre la financiación de mezquitas representa una injerencia en la autonomía de las comunidades islámicas y alertan de que la norma podría acabar siendo discriminatoria.
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