Francia prohíbe definitivamente el burkini en las piscinas municipales
El Ayuntamiento ecologista de Grenoble quiso abrir una excepción para permitir al burkini. Ahora, la justicia confirma que las piscinas municipales no pueden adaptarse a una reivindicación religiosa
El Ayuntamiento de Grenoble, controlado por Verds, abrió la puerta al burkini en mayo del 2022 mediante una modificación del reglamento de las piscinas municipales. El texto cambiaba el artículo 10 para permitir prendas de baño “no ajustadas”. Detrás de esta terminología administrativa había un objetivo muy concreto: permitir el uso del burkini. La polémica creció rápidamente en toda Francia y el prefecto de Isère pidió la anulación de la decisión, alegando un "grave ataque a los principios de la laicidad"“.
La maniobra duró poco. El Tribunal Administrativo de Grenoble suspendió el nuevo reglamento pocos días después y el caso llegó rápidamente al Consejo de Estado, la máxima instancia administrativa francesa. En junio de 2022, este tribunal confirmó la suspensión y estableció el criterio central del caso: una piscina municipal no puede adaptar sus normas comunes para satisfacer una reivindicación religiosa concreta. Desde entonces, el burkini había quedado ya fuera de las piscinas de Grenoble; lo que faltaba era la decisión definitiva sobre el fondo del asunto.
La justicia cierra la brecha abierta por Grenoble
Pese a que el Consejo de Estado ya había dejado claro su criterio en el 2022, la batalla judicial no estaba del todo cerrada. Faltaba la decisión sobre el fondo del caso. Le Figaro explica que esta decisión ha llegado ahora: el Tribunal Administrativo de Grenoble ha anulado definitivamente el artículo del reglamento que permitía de hecho bañarse en burkini en las piscinas municipales.
Según el tribunal, el problema era el “carácter altamente específico y fuertemente excepcional”"de la medida. La norma creaba un "trato desigual" respecto de los demás usuarios "sin ninguna justificación real" y podía afectar tanto al buen funcionamiento del servicio público como a la "igualdad de trato de los usuarios". Por eso los jueces han ordenado la anulación del artículo 10 y han cerrado definitivamente la brecha por el Ayuntamiento de Grenoi había intentado.
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