Los MENA en Andalucía cuestan 4500 € al mes
Andalucía ya gasta 141 millones al año para mantener 2600 MENAs. Tendrá que añadir otros 74 millones para acoger 1.400 adicionales
El gobierno de Pedro Sánchez quiere redistribuir a parte de los menores extranjeros no acompañados (MENAs) que llegan masivamente a las islas Canarias. Andalucía es una de las comunidades que tendrán que asumir más carga. El gobierno español le exige acoger a otros 1.378 menores, según publica OKDiario.
Coste de 4.500 euros al mes por MENA
Cada MENA tiene un coste medio de 150 euros al día, esto es, 4.500 euros al mes. Andalucía ya atiende a 2.615 menores, lo que implica un gasto anual de 141,2 millones de euros a cargo de la comunidad. Si se ve obligada a sumar 1.378 menores no acompañados más, el coste anual total superaría los 215 millones de euros.
Desde la Junta de Andalucía se denuncia que el Estado no acompaña a la medida con los recursos económicos necesarios. Además, ya han recibido recientemente unos 650 menores procedentes de Canarias que resultaron ser adultos. Al confirmarse su edad, pasaron automáticamente a ser responsabilidad de los servicios sociales andaluces. Sin embargo, la Junta debe ocuparse de proporcionarles ropa, comida, sanidad y alojamiento.
Andalucía debe triplicar la capacidad de acogida
El nuevo ratio estatal establecido por el gobierno español fija que cada comunidad autónoma debe disponer de 32 plazas de acogida por cada 100.000 habitantes. Con una población de cerca de 8,5 millones de habitantes Andalucía debería tener unas 2.700 plazas disponibles para MENAs. Actualmente, sin embargo, sólo tiene libras 645, y debe acoger 1400 MENAs que ya están en Canarias.
Esto obliga a la Junta a crear más de 1.350 nuevas plazas para ajustarse al nuevo criterio impuesto desde Madrid y tener plazas de reserva. La construcción o habilitación de estos recursos, además del coste de mantenimiento de los menores, supondrá una carga económica y logística considerable para el sistema de acogida andaluz.
El gobierno de Andalucía ha anunciado que presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional, denunciando una invasión de competencias y la falta de financiación estatal para hacer frente a una presión creciente sobre los servicios sociales de la comunidad.
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