Una familia musulmana de Granada elige un colegio católico y exige a los tribunales que se imparta islam en él
La Junta les ofreció tres alternativas, pero quieren islam en el católico. La reclamación forma parte de una campaña comunitaria para reclamar islam y halal en las escuelas.
Fachada de la escuela Juan XXIII
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La justicia ha cerrado la puerta a obligar a impartir clases de religión islámica en un colegio concertado católico de Granada. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha resuelto que el Colegio Juan XXIII no está obligado a ofrecer esta asignatura a una alumna musulmana, como reclamaba su familia. El tribunal considera que esa exigencia entra en contradicción con el carácter propio del centro. Según informa ABC, la resolución rechaza la pretensión de los padres que exigían que la menor pudiera continuar escolarizada en el centro católico y recibir al mismo tiempo clases de religión islámica.
Tenían tres alternativas, pero querían islam en el católico
La familia matriculó a su hija en un colegio concertado con un ideario inequívocamente católico. El centro no puso ningún impedimento a que una alumna musulmana estudiara en sus aulas. De hecho, durante el procedimiento judicial la propia familia utilizó esta circunstancia como argumento: sostenía que, si el colegio aceptaba a alumnos musulmanes, impartir religión islámica tampoco debía ser incompatible con su ideario.
El conflicto empezó cuando los padres quisieron ir un paso más allá y reclamaron que su hija pudiera recibir clases de religión islámica dentro del mismo centro católico. El centro se negó y la Junta de Andalucía les ofreció tres centros cercanos a Juan XXIII donde la menor podía cursar la asignatura. La familia mantuvo la reclamación para que fuera el colegio donde ya estaba escolarizada quien la ofreciera.
Así, la disputa ya no giraba simplemente en torno al derecho de la menor a estudiar religión islámica, que la Administración le garantizaba mediante otros centros, sino en torno a si ese derecho permitía obligar a un colegio católico a incorporar la enseñanza del islam a su oferta educativa. El TSJA ha concluido que no: la libertad religiosa de la alumna no anula el derecho del centro concertado a preservar su propio carácter.
La campaña para islamizar las escuelas
El caso de Juan XXIII no nació de una iniciativa aislada de esta familia. En 2021, la asociación islámica Aljibe-Dar Al Anwar, junto con la Federación Musulmana de España (FEME), puso en marcha una campaña en Granada para animar a las familias musulmanas a reclamar clases de religión islámica y menú halal en los centros donde estudiaban sus hijos. Las propias entidades explicaban que querían «concienciar y animar a los padres y tutores a solicitar estos derechos» y habilitaron una plataforma para coordinar las peticiones.
La movilización tuvo resultados. Durante los primeros meses de 2021 se recogieron cerca de 200 solicitudes de familias de Granada capital y municipios del entorno para que sus hijos pudieran cursar religión islámica. Según la documentación que posteriormente llegó al TSJA, diez centros alcanzaron el mínimo de diez alumnos por ciclo requerido para organizar las clases. La campaña fue un paso más allá: FEME propuso candidatos para ejercer de profesores de religión islámica y trasladó sus nombres a la Comisión Islámica de España para que fueran acreditados y propuestos ante la Administración educativa.
Entre esas peticiones estaba la de la familia de Juan XXIII. Ante la falta de respuesta del centro y de la Junta de Andalucía, los padres acudieron a los tribunales y en 2022 el TSJA les dio parcialmente la razón, al considerar que la Administración no había adoptado las medidas necesarias para hacer efectivo el derecho de la menor a recibir enseñanza religiosa islámica. Aquella primera victoria, sin embargo, no establecía que Juan XXIII tuviera que impartir obligatoriamente la asignatura. Esta diferencia acabaría originando una nueva batalla judicial: la familia interpretaba que la sentencia amparaba su reclamación en el propio colegio católico, mientras que la Junta sostenía que podía garantizar el derecho ofreciendo otros centros.
Ahora los magistrados aclaran que la victoria de 2022 no reconocía un derecho a recibir religión islámica en cualquier centro escogido por la familia y que, en un concertado católico, debe respetarse también el carácter propio del centro.
La ley también protege a la escuela católica
La paradoja es que el límite a la reclamación de la familia está en la misma norma que garantiza la enseñanza del islam en España. La Ley 26/1992 reconoce a los alumnos musulmanes el derecho a recibir enseñanza religiosa islámica en los centros públicos y concertados. Pero, en estos últimos, introduce una condición expresa: el ejercicio de este derecho no puede entrar «en contradicción con el carácter propio del centro».
Y Juan XXIII no esconde cuál es el suyo. Su ideario lo define como un centro católico y sitúa el proyecto educativo dentro de la misión evangelizadora de la Iglesia. Es precisamente esa identidad la que el TSJA considera que debe preservarse. El derecho de la familia a pedir educación religiosa islámica existe, pero no se convierte en el derecho a obligar a un centro confesional de otra religión a incorporarla a su oferta.
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