Martorell (Junts) no empadrona a quien no cumple los requisitos

Abou Eyad y otros cinco vecinos demandan al ayuntamiento. El alcalde dice que deberá obligarle la justicia y que no hace “nada mal hecho”.

Fachada del Ayuntamiento de Martorell

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Seis vecinos de Martorell han denunciado al Ayuntamiento por negarles el empadronamiento. El consistorio exige un contrato de alquiler o de compra para empadronarse. Según los denunciantes, esta práctica contradice a la ley porque permite el empadronamiento independientemente de la situación residencial. ​

Uno de los denunciantes, Abou Eyad, explica en el Regio7 que vive con su familia en un piso ocupado. Él considera que negarles el empadronamiento es un "crimen humanitario y constitucional". Sin estar empadronados, no pueden acceder a servicios básicos como la salud o la educación, lo que les obliga a buscar alternativas para regularizar su situación

Xavier Fonollosa dice que "no hace nada mal"

El alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, mantiene que sólo se empadronarán en el municipio las personas que acrediten tener residencia. A su juicio, sigue la normativa y continuará exigiendo un contrato de alquiler, una escritura de propiedad o una autorización del propietario del inmueble para poder empadronarse.

Preguntado por el Regio7, insistió en que en Martorell "no se empadronará ocupas" a menos que un juez "lo ordene". Asegura que "las ocupaciones deben combatirse", pero que si un juez lo decide, lo acatarán.

Otros municipios con problemas similares

Martorell no es el único municipio con quejas por dificultades en el empadronamiento. El Síndic de Greuges ha recibido denuncias similares de municipios como Santa Coloma de Gramenet y Badalona. En Ripoll, la Fundación Ibn Battuta denunció a la alcaldesa por obstáculos en los procesos de empadronamiento de personas migrantes.

La ley establece que todas las personas que viven en un municipio deben estar empadronadas, independientemente de si son propietarias, inquilinos o si tienen una residencia fija. El empadronamiento es esencial para acceder a servicios básicos como salud, educación y servicios sociales. ​

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